El intervencionismo y la castración de la libre empresa parece jugar a transformarse, como la energía. Ustedes ya saben que el mercado de la televisión, por llamarlo así, es una de las cosas más manipuladas, deformadas y estafadoras en contra de la libertad de los individuos que se puedan encontrar. Ustedes ya saben que los socialistas de todos los partidos encuentran todo tipo de excusas, argumentos y legitimidades para controlar, manejar, depauperar los fondos públicos, mentir, manipular y apropiarse de la televisión.
Sabido es, pero no todos conocen, que el Estado en una singular interpretación de lo absurdo, obliga a los operadores de televisión a comunicar su programación con once días de antelación. Esta imbecilidad propia de la socialdemocracia imperante y del moralismo complementario del conservadurismo cuando gobierna, debe su nacimiento a una tragedia: la contraprogramación, esa práctica competitiva elevada a crimen público y felonía inmoral contra el público y que fue convenientemente publicitada por mucha prensa ante un argumento demoledor: las páginas de televisión de los periódicos y de revistas consagradas a ello, no servían para nada y los ingresos se resienten, mucha gente dejaba de comprarlos por este motivo. Viva la libertad de mercado.
Ahora nos vienen con una mejora: los once días pasan a siete. ¿Puede alguien decir en qué consiste la diferencia? Si quieren encontrar lo más parecido al ridículo que un diccionario puede emplear para ilustrar este término, léanme esto:
...la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) defiende la necesidad de que se mantenga por ley la obligación de las TV de dar a conocer su programación con 11 días de antelación con el fin de evitar la contraprogramación, facilitar a los consumidores la «planificación de su tiempo de ocio», y evitar «perjuicios a los anunciantes y productores de contenidos»Es que yo soy mayor para planificarme mi ocio a la vista de las circunstancias y las empresas de televisión sabrán guardarse de perjudicar a sus clientes de una forma que dañe sus cuentas de resultados. Pero quieren que el estado nos lo resuelva eliminando, por supuesto, la libertad para competir sin dañar los derechos de los demás (el que me diga que saber lo que va a poner la televisión es un derecho que, por favor, me invite a una paella que pagaré yo si logra convencerme en un 1%).
Pero todo este ruido oculta siempre las preguntas importantes: ¿por qué el estado se empeña y todo el mundo da como bueno lo que puede hacerse y decirse por televisión y no aceptaríamos que lo hiciera con un periódico (incluso una radio)?
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