Yo soy de los que piensa, cree y está convencido de que ser indepedentista es legítimo. Tan legítimo como no serlo, e incluso ser jacobino y no federalista o cosa que se le parezca, es cosa de cada uno y allá con su voto. Eso sí, se ha de ser coherente y, en política, por encima de todo están los valores. Ya se sabe que lo malo es que pueden ser incompatibles con los del otro.
Por eso la pregunta que debe uno responderse es ¿se puede pactar una norma con quien no tiene intención de cumplirla? El error de pactar con un partido independentista un esquema legal (mejor, constitucional) es no exigirle de antemano su renuncia a otros objetivos, pues es evidente que apaciguar una demanda independentista se hace sobre la base de concesiones que, sólo aparentemente, se hacen sobre concesiones de la otra parte: un partido independentista tensa la cuerda y piensa en aplazar el siguiente paso, no en renunciar a él. Y hace bien, no engaña a nadie con ello y este quien les escribe piensa que si se mira bien, no lo han hecho. Aunque hayan disimulado. Quien es torpe es el partido que defiende lo contrario. Vale para ERC, vale para el PNV y, de forma similar, sirve para CiU: diré por qué.
La tendencia de todos estos años ha sido, implícitamente, pactar con los partidos nacionalistas en la esperanza de que el pacto, la concesión y la integración en el sistema produciría el abandono de los objetivos últimos del partido nacional: es absurdo llamarse nacionalista y no pensar en creer una forma nacional, una forma de patria. Pero en cada reforma nadie ha pedido de antemano la aceptación de los principios del sistema: es probable que, con su buena imagen política, las ideas secesionistas o de un regionalismo exarcebado (sé lo poco que gusta la palabra regionalista en el entorno nacional), puedan o hayan podido presentar la alternativa como fascista, pasada de moda y terriblemente conservadora. Era, es, fácil: la memoria colectiva no es amable con los recuerdos del centralismo.
Los principios del sistema se basan, de modo resumido, en la lealtad al Estado. Y pueden decir lo que quieran los partidos o votantes nacionalistas: no hay país en el mundo por muy federal que sea que no tenga atribuidas al estado cosas esenciales, como son la moneda, la defensa o la política exterior. También lealtad a los símbolos. Especialmente si lo firmas: ¿es de buen pactador darse la mano el día del acuerdo para el gran texto legal del salto adelante para tu pueblo y al día siguiente retirar la bandera de lo que has pactado (una forma de España)? Los partidos denominados nacionalistas dirán, con cierta base, que tampoco el estado ha sido del todo justo en el cumplimiento del pacto, y que un día firman y al siguiente te sacan una ley para reducir lo firmado. Uno casi piensa que estaban deseando que eso ocurriera. Sobre la verdad o las causas de esto no me extiendo porque es indiferente para la conclusión.
Y la conclusión no puede ser otra que el defecto de todo lo que ha ocurrido y ocurre en el llamado nivel territorial, en el desarrollo y puesta en práctica del título VIII de la Constitución de 1978, se basa en que ese mismo título o su desarrollo no consistió en dejar explícitamente claro de qué país se trataba. El acceso a la autonomía era, en la Constitución, una posibilidad con mecanismos definidos y competencias algo vagas y abiertas a negociación y cesión(a pesar de que se defininen las exclusivas del estado). En la práctica, todo ha sido autonómico hasta convertirse en semifederal sin serlo. Todos pensamos que con ello todo el mundo estaría de acuerdo y que se aceptaba el principio esencial - un modelo constitucional - pero es ya evidente que no era así.
Suelo poner el ejemplo de Navarra y País Vasco para ejemplificar mi visión del permanente e interminable problema existencial de la para unos nación llamada España, para otros simplemente Estado: si ambos tienen similares competencias y estatutos o mejoras del fuero y con unos hay problemas y con los otros no, la cuestión no debe ser la articulación jurídica del territorio en el Estado, debe ser otra cosa. Es decir, es pactable casi cualquier cosa, incluso (llámenme de todo) ese texto tan artificial del nuevo estatuto de Cataluña pero siempre y cuando... siempre y cuando suponga una forma de lealtad o involucración con el conjunto. Porque si no es juego limpio con el conjunto (y no serlo, por ejemplo, es decir que sigue sin ser bastante) es mejor no pactarlo porque el problema persiste.
Así, si la cuestión irresoluble de casi treinta años de espíritu del 78 es que no hay forma de que los ciudadanos se pongan de acuerdo en que país quieren, ya va siendo hora. Los partidarios de España como estado unitario deberían definir cuáles son los mínimos de pertenencia a ese estado, tanto en términos legales como emocionales (aunque sea un fastidio, los países, las naciones, son realidades emocionales) a los que no están dispuestos a renunciar. Por ejemplo, puede ser que las lenguas locales no sean causa de discriminación (o reducción de oportunidades) para los que no las hablan o decidar moverse dentro de los diferentes territorios. O que no tienen sentido determinadas competencias de política exterior para las comunidades autónomas. Viceversa, a lo mejor los partidarios de España deben aceptar mejor determinadas cuestiones emocionales para los actuales no partidarios de España o de otra España. Y más viceversa: cabe exigir a los partidos nacionalistas que digan claramente si pertenecer a España tiene sentido y, si es así y si quieren gobernar, sumarse al compromiso con el conjunto. Pero no de esa forma tan pujoliana de explicar todo lo que han contribuido a la estabilidad - que es cierto - pero que rezuma táctica de aplazamiento por todos lados.
Lo que no tiene sentido, y en eso el PSOE es más culpable que el PP (que es culpable de otras cosas), es no exigir compromiso con el gobierno a quienes quieres que gobiernen contigo. Porque pasan estas cosas: te sacan el voto nulo político, extraordinaria creación para la historia de la democracia, y te quedas con cara de gilipollas. ERC sigue ganando sin engañar a nadie. A partir del día siguiente del resultado del referéndum volverán a sacar el memorial de injusticias, agravios y lloreras, y el español de la meseta seguirá diciéndose ¿pero no lo hemos arreglado ya?. Lo peor de todo para Zapatero y su mala conducción política del proceso, es que CiU hará lo mismo, con otros modales eso sí. Sucede, también, que como el lío ha sido tan grande, la parte en que CiU (o la representación del catalanismo como un ente con vida propia) se involucra, se dice que comprometidamente, con el Gobierno de España forma parte de las sombras, del secretismo para que todo salga adelante y sea tragable: mientras, los ciudadanos, usted y yo, estamos fuera, solos, sin saber qué acuerdan estos señores con un café en la mano y que están elegidos para administrar un marco legal, pero no para cambiarlo.
Este es el nudo de la argumentación de Mariano y que se explica tan mal, se vende peor y se debate rodeado de nausas intragables. Quizá es un problema estético, pero también de oportunidades perdidas en el pasado, falta de análisis político, de defectos siderales de estrategia, de ambición y de altura intelectual para su desarrollo. A mí me lo parece. A la izquierda no nacionalista le pasa, en el fondo, lo mismo.
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