Al regresar al país de las maravillas me encuentro con la señora ministra de sanidad que me dice en televisión el gran apoyo con que cuenta la ley ésta contra ¿el tabaco? ¿los fumadores?. Nada menos que el 80% de los consultados, dice ella, están a favor de la ley. Gran argumento democrático: si el ochenta por ciento de la población está de acuerdo con que se prohíba abrir en domingo, también dirán que es democrático y maravilloso. Lo mismo dirían si el ochenta por ciento de los catalanes estuviera a favor de cerrar la COPE. O a cualquier otro elemento discordante. El pequeño detalle de que restringir la libertad individual allá dónde no se viola el derecho a la libertad de nadie es, simplemente, algo que debiera estar fuera de toda discusión.
Lo que nadie parece decir o reclamar (mucho menos el PP, de quien se le esperaría) es que esta ley es una muestra más - intolerable en mi indignación privada, tan poco importante - de la capacidad de este estado para inmiscuirse en el mundo de las decisiones privadas. Bien está que se prohíba fumar en los centros de trabajo. Pero no está bien que el estado decida que las divertidamente llamadas narcosalas estén prohibidas. El argumento es aterrador: es que se comprueba que más gente deja de fumar. ¿Y a usted qué le importa?.
Que una ley me impida a mí, empresario, empleador, ejerciente de mi libertad, que en mi propiedad (es decir, dos veces mío, por ser titular del negocio y por ser titualr del contrato de alquiler o compra de un espacio) no pueda establecer un área con todos los requisitos que la ley marque para que unos enfermos (¿no quedamos en que son enfermos?) puedan fumar cuando lo consideren oportuno (su libertad, la mía descontarles del sueldo el tiempo invertido salvo pacto en contrario, la mía de pactar con ellos) es sencillamente totalitario.
Y lo damos por bueno: el problema de la ley no es la bondad para reducir el tabaquismo (quimera, el gusto por lo prohibido regresará) sino la coacción del estado en contra de la libertad de resolver los asuntos de los ciudadanos privados en el ejercicio de su libertad. ¿Nadie se treve a ir al Tribunal Constitucional? (por favor, un jurista lector que nos ilumine).
No fumo. No he fumado nunca. No pienso fumar. Pero estoy por convocar a la disidencia y a la desobediencia civil fumándome un puro en la sala de espera del Ministerio de Sanidad.
P.D.: el argumento ese de que el estado gasta mucho curando a los fumadores de su adicción es la gran mentira del estado coaccionador: mañana nos prohibirán, tras análisis de ADN, comer marisco a los que tengamos tendencia a subidas de ácido úrico bajo el pretexto de mi irresponsabilidad. ¿Y si, encima, empleo siempre para mal curarme mi seguro privado? ¿Me deja que me lo descuente de los impuestos?
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